Luego de la salvaje represión en la marcha de jubilados del miércoles, Patricia Bullrich va por más para coartar la libertad de expresión. La ministra de Seguridad de la Nación anunció que le reclamará a los clubes del fútbol argentino que echen a los socios que participaron de la protesta por el ajuste a jubilados.
En el marco de una conferencia de prensa para explicar los detalles del fondo de emergencia para asistir a los damnificados por el temporal de Bahía Blanca, la funcionaria reveló la nueva movida autoritaria que prepara desde el Gobierno nacional. "Nosotros vamos a pedirle, formalmente, a todos los clubes que, cuyas hinchas participaron, una declaración de repudio y que expulsen a todos los asociados que participaron de la marcha”, comenzó diciendo, acompañada del ministro de Defensa, Luis Petri.
Por otro lado, Bullrich negó los rumores que señalaban un diálogo con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia. Sin embargo, reconoció las acciones que tomó la Dirección Nacional de Eventos Deportivos, a cargo de Franco Berlín: "Estuvieron los días previos llamando a las dirigencias de los clubes. Ellos dijeron que no tuvieron nada que ver, creo que es posible que el director de Eventos Deportivos haya hablado con Tapia. A mí Tapia no me llamó ni hablé con él”.
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Para reafirmar su idea despótica contra quienes se sumaron a la manifestación a partir de la organización de clubes, Bullrich detalló: "Les vamos a pedir ahora, porque dijeron antes que no habían tenido nada que ver, que queremos que saquen una comunicación oficial de cada club que participó, de cada camiseta que se vio ahí, que el club no tiene nada que ver”.
Cabe recordar que la exdirigente de la UCR y luego del PRO había amenazado días antes de la marcha a quienes acudieran a la misma junto a algún grupo de hinchas, con la chance de que fueran encarcelados y que recibieran el derecho de admisión en los estadios de fútbol, ya que los tildó de "barras".
Jueza liberó a los 114 detenidos y le responde a Milei: "Detenían sin saber qué delito cometían"
Tras la masiva movilización al Congreso en favor de los jubilados y la feroz represión por parte del Gobierno de Javier Milei y sus fuerzas federales, que hasta el momento dejaron tres heridos graves, la Justicia ordenó la inmediata liberación de los 114 detenidos por la Policía de la Ciudad y la Policía Federal Argentina (PFA) durante la protesta. "Se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión", se advirtió al liberarlos.
La jueza Karina Andrade, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad de Buenos Aires, ordenó la libertad de 84 hombres y 30 mujeres que fueron arrestados en inmediaciones del Congreso por parte de las fuerzas de seguridad porteñas. "Bajo el entendimiento de que no se había dado estricto cumplimiento de lo normado en el Art. 164 del CPP, sumado a que la fiscalía no informó sobre dichas detenciones, se solicitó el cese inmediato de todas y cada una de ellas, por considerarlas arbitrarias", marcó.
“A raíz del pedido de la defensa, he analizado la información que fue brindada y entiendo que respecto de las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión, en un día como hoy donde se convoca desde los sectores más vulnerables de nuestra Nación como son los adultos mayores protegidos convencionalmente, desde el Poder Judicial corresponde atender a ello especialmente", argumentó la magistrada.
En ese sentido, la jueza Andrade siguió: “Considero que, sin perjuicio de no emitir opinión respecto de la aplicación del derecho de fondo, o a la investigación que podrá continuar la fiscalía, la complejidad de derechos en juego para informar y determinar la existencia de una conducta penal impide la aplicación del trámite de flagrancia. Por lo tanto, para darle mayor celeridad a la ejecución de la resolución, se adelanta este extracto y dispongo la inmediata soltura de los detenidos informados con relación a los sucesos en el Congreso de la Nación”.
En el documento, en el marco de una fuerte crítica al operativo judicial, la magistrada señaló que "a medida que se informaban las detenciones de las personas, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa para mi tarea judicial"; sumando, en esa línea, que se dejaron de brindar detalles sobre horarios y lugares de las detenciones o que "tampoco se indicaba a qué delito específico se estaba convalidando la detención". En esa línea, Andrade sumó que "tampoco se indicaba el lugar donde serían alojados y que en algunos casos, el delito se informaba después".
Enumera, asimismo, que no se aclararon circunstancias y motivos de detención, ningún tipo de detalle, no se tomó contacto telefónico con la jueza para anoticiar la cantidad de detenidos y sentenció que "hasta las 22.17 hs, el Tribunal había sido informado de 14 detenciones", de las 114 confirmadas.
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